Los acuerdos de exclusividad en materia de competencia económica

 

Asunto: Los acuerdos de exclusividad en materia de competencia económica

Por: Lic. Francisco Oscar Bensojo Rico

 

El 23 de mayo del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la nueva Ley de Competencia Económica (LCE) que abrogó la anterior Ley que existía sobre la materia desde 1992.  Esta legislación en buena medida es conocida como “Ley Antimonopolios” y resulta reglamentaria del Art. 28 Constitucional.

 

En su artículo cuarto prevé que esta Ley resulta aplicable a todos los “Agentes Económicos”, entendidos como aquellas personas físicas o morales, que realicen actividades con o sin fines de lucro, públicas o privadas y que de cualquier manera participen o incidan en la actividad económica de nuestro país.

 

La Ley tiene entre otros fines promover la libre concurrencia y la competencia económica prohibiendo o regulando los monopolios, las prácticas monopólicas absolutas y relativas, así como las concentraciones ilícitas.

 

En esta ocasión nos ocuparemos de comentar la regulación que existe sobre las prácticas monopólicas relativas y en particular los acuerdos de exclusividad que lleguen a celebrar los Agentes Económicos.

 

Como principales conductas anticompetitivas tenemos las ya mencionadas prácticas monopólicas absolutas y relativas.  Como ejemplo de las primeras mencionaremos los acuerdos que se pudieran establecer entre diferentes Agentes Económicos para fijar o manipular el precio de determinados bienes o servicios en perjuicio del consumidor, declarándolas nulas de pleno derecho, además de las sanciones que le impone a los infractores.

 

En el caso de las prácticas monopólicas relativas, es diferente, pues estas conductas para ser consideradas anticompetitivas deben reunir determinadas características.  En particular el Art. 54 de la Ley establece que dichas conductas deben de ser llevada a cabo por Agentes Económicos con poder sustancial y que incidan en un mercado relevante.

 

Como ejemplo de estas prácticas monopólicas relativas se prevé en el Art. 56, Fracción IV la celebración de acuerdos de exclusividad entre productores con los distribuidores o detallistas, como frecuentemente vemos que se publicita en los medios respecto de la operación de las grandes compañías refresqueras y cerveceras.  Pero para que estos acuerdos resulten ilícitos deben de afectar a la actividad económica con las características señaladas en el párrafo anterior, por lo que es necesario conocer su alcance.

Al Agente Económico (el productor) se le considerará con poder sustancial cuando su participación en un mercado sea tal que la celebración de los acuerdos de exclusividad con sus distribuidores impidan al resto de los fabricantes de ese mismo producto participar en el mercado en igualdad de circunstancias y aún peor desplace o haga imposible su participación.  En otras palabras, cuando tiene la capacidad de incidir unilateralmente en el mercado, sin necesidad de ser el u?nico productor del bien.

Por su parte el concepto de mercado relevante lo podemos entender, ya que la Ley no da, como tampoco en el caso anterior, una definición de estos términos, el espacio geogra?fico en el que se ofrecen o demandan productos o servicios similares.  Para que exista mercado relevante es necesario que un conjunto de bienes o servicios iguales o similares este?n al alcance del consumidor en un territorio lo suficientemente extenso como para que el consumidor este? dispuesto a obtener la mercanci?a o servicio en algu?n punto de ese espacio geogra?fico, en el tiempo en que aque?l este? dispuesto a esperar para satisfacer su necesidad.

En conclusión, estos acuerdos de exclusividad se pueden celebrar y ser legales cuando no violenten los dos principios antes señalados.  Adicionalmente, también la propia Ley regula una excepción a esta regla y se trata de los casos en que dichos acuerdos de exclusividad se demuestre que “generan ganancias en eficiencia e inciden favorablemente en el proceso de competencia econo?mica y libre concurrencia superando sus posibles efectos anticompetitivos, y resultan en una mejora del bienestar del consumidor “, según se regula en el artículo 55 de la propia Ley y como ejemplo de este supuesto mencionamos en el caso de que se trate de la introducción de nuevos productos o servicios.

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