LEY FINTECH

El pasado 9 de marzo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por medio del cual se expidió la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (la “Ley FinTech”).

 

Dicha Ley tiene como objeto regular las actividades relacionadas con la tecnología financiera, esto es, los servicios financieros que presten las Instituciones de Tecnología Financiera (“ITF”), como son: (i) las Instituciones de Financiamiento Colectivo (entidades cuyo objeto es poner en contacto a personas del público en general con el fin de que entre ellas, como inversionistas y solicitantes, se otorguen financiamientos en ciertas operaciones a través de cualesquier medio de comunicación electrónico o digital (Crowdfunding)) y (ii) las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (entidades que presten al público servicios consistentes en la emisión, administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico a través de cualquier medio de comunicación electrónico o digital); (iii) la organización, operación, funcionamiento y servicios financieros sujetos a alguna normatividad especial, y que sean ofrecidos o realizados por medios innovadores; (iv) además de que pretende combatir el lavado de dinero y fomentar la protección de las personas que utilicen servicios tecnológicos financieros.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) y el Banco de México, en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, son las autoridades encargadas de la supervisión y regulación de las disposiciones contenidas en la Ley FinTech y demás normatividad complementaria. Entre otras funciones, la CNBV será quien otorgue la autorización para organizarse y operar como ITF además de emitir la regulación necesaria para prevenir el lavado de dinero; y en el caso del Banco de México, será quien precise las condiciones y restricciones para operar con los activos virtuales, comúnmente conocidos como “criptomonedas” o “criptodivisas” como son el Bitcoin, Litecoin, Ether, etc., además de que establecerá las medidas de control sobre transacciones a las que deben sujetarse las ITF.

Así mismo, la Ley FinTech prevé autorizar a sociedades para que operen con “Modelos Novedosos”, esto es, a personas morales distintas a las ITF, entidades financieras u otros sujetos vigilados por alguna autoridad supervisora, quienes mediante un permiso temporal podrán llevar a cabo actividades en materia de innovación tecnológica cuya realización requiera de autorización por parte de una autoridad financiera; de esta forma las sociedades que operen con modelos de negocio disruptivos (Startups del ámbito financiero-tecnológico) podrán prestar sus servicios por un tiempo limitado a un número reducido de clientes, desarrollando así su innovación en el mercado real, de modo controlado y supervisado por las autoridades.

 

Por último, otro de los temas relevantes y novedosos de la nueva Ley, es el relacionado con la obligación de establecer interfaces de programación de aplicaciones (application programming interface, por sus siglas en inglés “API”), no solo a las ITF y a las sociedades autorizadas para operar con modelos novedosos, sino también a todas las entidades financieras, transmisores de dinero, sociedades de información crediticia y cámaras de compensación, con la finalidad de que los clientes de servicios financieros puedan portar sus datos libremente, es decir, esta disposición en la Ley FinTech implica para las entidades financieras (bancos, casas de bolsa, etc.) la obligación de “abrir” los datos de sus usuarios a través de las API, para que el consumidor pueda “mover” su historial financiero de una institución a otra (Open Banking).

 

La Ley FinTech entró en vigor el 10 de marzo del presente año.

 

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Por: Lic. Yamel Cázares Villarreal

Abogada Senior