Ratifica el Senado de la República el Convenio C098 de la OIT.

Ref.: Ratifica el Senado de la Republica el Convenio C098 de la OIT.

Por: Lic. Jorge Luis Gardea Flores

Director Área Laboral

 

El pasado 20 de septiembre de 2018, por unanimidad, el Senado de la República ratificó el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre derecho a la libre sindicalización y contratación colectiva, casi 70 años después de que fue adoptado por ese organismo y cuya ratificación se encontraba pendiente desde el 30 de noviembre de 2015, convenio que en adelante tendrá vigor en el país.

El citado convenio se refiere al derecho de sindicación y contratación colectiva, y en opinión de varios especialistas, eliminaría la simulación de los contratos de protección; con su aprobación, según ha sido anticipado por algunas fuentes, la permanencia de un trabajador en el empleo no podrá condicionarse a su afiliación a una organización sindical.

Con dicho instrumento se pretende que los trabajadores tengan la libertad de adherirse a una organización sindical o dejar de pertenecer a ella, por lo que implica la necesidad de los sindicatos de reinventarse para convencer a los empleados sobre su libre decisión de afiliación.

El convenio referido establece en su articulo segundo que las organizaciones de trabajadores y empleadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia, ya sea que realice directamente o por medio de sus agentes o miembros, en su constitución, funcionamiento o administración.

Define además como actos de injerencia aquellas medidas que tiendan a fomentar la constitución de los sindicatos dominadas por un empleador o una organización de empleadores con el objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores, entendiéndose por esto el principio que ha permitido los llamados contratos de protección.

Entre sus aspectos destacados se encuentran:

  • Fijación del derecho de los trabajadores a gozar de una adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo (art. 1, Convenio 98). Dicha protección debe aplicar en contra de todo acto tendiente a sujetar el empleo a la condición de que no se afilie o deje de pertenecer a un gremio o a despedir a un subordinado o perjudicarle de cualquier forma con motivo de su afiliación.
  • Establecimiento de la prerrogativa de las organizaciones de trabajadores y de empleadores de disfrutar del derecho a que entre ellas no exista injerencia en su constitución, funcionamiento, o administración.
  • Imposición del compromiso de los estados implicados en el acuerdo para adoptar medidas para estimular y fomentar entre los empleadores, los organismos que los agrupan, y los sindicatos la negociación voluntaria, y
  • Señalamiento de que los signantes creen entes que garanticen la coalición.

A su vez el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) manifestó su desacuerdo con la decisión del Senado de presentar la ratificación del citado convenio sin contar con un dictamen de comisiones y sin realizar consultas pertinentes. Esta determinación, consideró, afecta fundamentalmente a la relación entre trabajadores y empleadores en un trámite apresurado, estimando que resulta violatorio a lo dispuesto en el Convenio 144 de la OIT que establece la necesidad de instrumentar consultas efectivas entre gobierno y las organizaciones más representativas de los empleadores y de los trabajadores sobre cuestiones relativas a las normas internacionales del trabajo, explicó en un comunicado.

Es importante no perder de vista que dadas las circunstancias legales actuales y la mala praxis llevada a cabo por algunos sindicatos, la mayoría de los contratos colectivos de protección firmados el día de hoy en México deben su naturaleza, no a una practica para inhibir o coartar el derecho de los trabajadores, sino mas bien a una necesidad preventiva y protectora en contra de la extorsión por parte de algunos sindicatos que ni siquiera tienen la representación de los empleados.

Así también, respecto a la protección al trabajador contra actos que tengan por objeto su despido a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales, esta existe jurisprudencialmente desde el año 2000, prohibiendo lo anterior, siendo además promovida la libertad sindical en su sentido más amplio, consagrado en los artículos 5º, 9º y 123 de la nuestra Constitución Política.

Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta que la reforma Constitucional del 24 de febrero del 2017 mediante la cual se legisló sobre la libertad sindical, reformando la fracción XXII BIS del artículo 123 para sentar las bases del futuro del derecho colectivo en el país; así, se ponderó la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de los trabajadores y patrones, así como la necesidad de garantizar la representatividad de las organizaciones sindicales y la certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo.

Por todo lo anterior y en atención a que la ratificación del citado convenio implicará necesariamente la conclusión de la postergada reforma laboral, es que posiblemente nos encontremos en la antesala de la promulgación de una ley secundaria que tendrá que obedecer a los principios constitucionales dados desde febrero 2017, en donde se deberá prestar especial interés no necesariamente el fin de los contratos colectivos de protección, sino principalmente al esperado ocaso de la extorsión sindical que tanto ha mermado la productividad y el bienestar generalizado tanto para empleadores como para los trabajadores, así como el auge de la autentica representatividad colectiva.

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